
Los reclamos refieren a la falta de pago de viáticos, a dirigentes sindicales que privilegian beneficios personales, a familiares con “pluses” altos, y una empresa de propiedad del interventor que tiene diversas obras de construcción de viviendas. Además, los empleados del IPV denunciaron persecución laboral contra los que no se encolumnan con la máxima autoridad.




